Es una actividad empresarial que la mayoría de aseguradoras excluye de su política de suscripción por su carga de fuego, por los materiales que almacena o procesa, por su historial de siniestros o por sus medidas de protección contra incendios. No es un riesgo inasegurable: es un riesgo que el mercado generalista no acepta y que hay que colocar en compañías o agencias de suscripción especializadas en riesgos agravados.

En la mayoría de los casos sí. Un rechazo por canal estándar no significa que no exista mercado, sino que el riesgo se ha presentado a quien no lo suscribe. Lo habitual es que la empresa haya pedido presupuesto a compañías generalistas, cuyo manual de suscripción excluye la actividad de forma automática. La vía es preparar un informe técnico del riesgo y llevarlo a suscriptores especializados.

Los suscriptores especializados trabajan con nueve bloques de información: datos del asegurado (empresa, CIF y dirección del riesgo); descripción de la actividad y los procesos; situación actual del seguro, con aseguradora, vencimiento, prima y motivo del cambio; cobertura solicitada, con garantías, límites y franquicias; capitales asegurados desglosados en edificios, maquinaria, existencias y pérdida de beneficios; información técnica del riesgo, con construcción, superficie, protecciones contra incendios y tiempo de respuesta de bomberos; facturación de los últimos ejercicios; siniestralidad de los últimos diez años; y documentación disponible, como póliza actual, fotografías, planos, licencias e informes técnicos.

Cuanto más completa sea la información inicial, mayores son las posibilidades de obtener una respuesta útil del mercado. No es necesario tenerlo todo para plantear la consulta.

Porque el panel con núcleo de poliuretano (PUR) o poliisocianurato (PIR) es combustible: participa en el incendio, lo propaga por cubierta y provoca el colapso rápido de la nave, además de generar humo tóxico que dificulta la intervención. Tras varios siniestros graves, buena parte del mercado español lo trata como causa de rechazo o exige condiciones especiales. El panel con núcleo de lana de roca, incombustible, no plantea este problema.

Sí, pero la clave es documentarlo. Hay que explicar la causa del siniestro, qué se ha corregido después y qué medidas de protección se han incorporado. Ocultarlo no es una opción: el artículo 10 de la Ley 50/1980 de Contrato de Seguro impone al tomador el deber de declarar todas las circunstancias que puedan influir en la valoración del riesgo, y una declaración inexacta puede reducir o dejar sin efecto la indemnización.

Depende de la actividad, de los capitales, de la construcción, de la protección contra incendios y de la siniestralidad. En riesgos de difícil aseguramiento la prima suele ir acompañada de franquicias más altas y de condiciones de mejora obligatorias. Como referencia de trabajo, estudiamos riesgos a partir de 5.000 € de prima anual. El precio se fija tras el análisis del riesgo, nunca antes.

Es una entidad que suscribe pólizas en nombre y por cuenta de una o varias aseguradoras, con autoridad delegada para aceptar riesgos que la compañía no acepta por su canal comercial ordinario. En riesgos agravados son a menudo la única vía de colocación, y trabajan con corredores, no con el cliente final.

Es el reparto de un mismo riesgo entre varias aseguradoras, cada una con un porcentaje de participación y una compañía actuando como abridora. Se utiliza cuando el capital a asegurar supera la capacidad que una sola compañía quiere asumir en un único emplazamiento, algo frecuente en naves industriales de gran superficie.

Depende del riesgo, pero las más habituales son: detección automática de incendios conectada a central, bocas de incendio equipadas, extintores conforme a reglamento, hidrantes exteriores, sectorización con muros cortafuegos y, en actividades de alta carga de fuego, rociadores automáticos con abastecimiento de agua según UNE 23500. El marco de referencia en España es el RD 2267/2004, Reglamento de seguridad contra incendios en establecimientos industriales.

La Ley 26/2007 de Responsabilidad Medioambiental obliga a constituir una garantía financiera a determinados operadores incluidos en su anexo III, entre ellos ciertas actividades de gestión de residuos, en función del análisis de riesgos ambientales de la instalación. Es distinta de la responsabilidad civil general y conviene revisarla junto con la póliza de daños.

Sí. Somos una correduría con sede en Valladolid y gestionamos riesgos industriales en todo el territorio nacional. El análisis del riesgo se realiza con la documentación de la instalación y, cuando el capital o la complejidad lo justifican, con visita al emplazamiento.