Porque concentra una carga de fuego muy alta en grandes volúmenes de material almacenado, con acopios en altura y a la intemperie, maquinaria que genera chispas y una siniestralidad del sector en aumento. A ello se suma la aparición de las baterías de ion-litio en la fracción general, que ha introducido una fuente de ignición nueva y difícil de controlar. Muchas compañías han excluido la actividad de su manual de suscripción y solo la aceptan compañías y agencias especializadas en riesgos agravados.

Porque llegan mal depositadas dentro de la fracción general: pilas, baterías de ion-litio y vapeadores que el ciudadano tira al contenedor equivocado. Cuando ese material entra en una prensa o en una trituradora, el aplastamiento provoca un cortocircuito interno y la ignición, con un fuego difícil de extinguir por su capacidad de reencendido. El sector español de la recuperación lleva alertando del problema y las aseguradoras han respondido endureciendo las exigencias de protección contra incendios.

Es la generación espontánea de calor en el interior de una pila de material por procesos de fermentación y oxidación, habitual en balas de papel, cartón, textil y en montones de residuo sin clasificar. El fuego puede permanecer latente dentro del acopio durante días sin llama visible. Por eso las aseguradoras valoran tanto las cámaras termográficas, el control de altura de las pilas y la rotación del material.

Como mínimo: incendio y daños materiales sobre edificio, maquinaria y existencias; avería de maquinaria para trituradoras, prensas y separadores; pérdida de beneficios con un periodo de indemnización realista; responsabilidad civil general y patronal; responsabilidad medioambiental; y la maquinaria móvil. Además, la garantía financiera y la fianza que la normativa de residuos exige al gestor, encajadas con el resto del programa.

La Ley 26/2007 de Responsabilidad Medioambiental obliga a constituir una garantía financiera a determinados operadores incluidos en su anexo III, entre los que hay actividades de gestión de residuos, en función del análisis de riesgos ambientales de la instalación. De forma separada, la Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados para una economía circular exige a los gestores de residuos peligrosos constituir fianza y suscribir un seguro o garantía financiera equivalente. Conviene revisar ambas obligaciones junto con la póliza de daños.

Sí, pero hay que documentarlo bien. El suscriptor querrá saber la causa, el alcance y, sobre todo, qué se ha corregido: detección instalada, sectorización añadida, protocolo de baterías, control de acopios. Un historial explicado y corregido es asegurable. Ocultarlo no es una opción, porque el artículo 10 de la Ley 50/1980 de Contrato de Seguro obliga al tomador a declarar las circunstancias que influyen en la valoración del riesgo.

Las que reducen la probabilidad de que un fuego pase a mayores: detección temprana con cámaras termográficas, protocolo documentado de retirada de baterías, límite de altura y separación de los acopios, distancia del material exterior a la nave, sectorización con muros cortafuegos y vigilancia con verificación remota fuera de horario. En riesgos agravados, acreditar medidas suele influir más en la aceptación que negociar el precio.

Sí, es lo habitual en el sector. Lo que el suscriptor necesita conocer es el volumen almacenado, la altura de las pilas, la separación entre ellas y la distancia al edificio y al lindero. Con esos datos se puede plantear la aceptación, en su caso con condiciones específicas sobre el almacenamiento exterior.

Depende de las fracciones tratadas, de los capitales, de la construcción de la nave, de la protección contra incendios y de la siniestralidad. En este sector la prima suele ir acompañada de franquicias más altas y de condiciones de mejora obligatorias. Como referencia de trabajo, estudiamos riesgos a partir de 5.000 € de prima anual, y el precio se fija tras el análisis del riesgo.

Sí. Somos una correduría con sede en Valladolid y gestionamos riesgos industriales en todo el territorio nacional. El análisis se realiza con la documentación de la instalación y, cuando el capital o la complejidad lo justifican, con visita a la planta.